Redacción
La venganza o justicia por mano propia ha generado un intenso debate en la Ciudad de México luego de que se reportara que una vendedora de tamales habría envenenado a 12 presuntos integrantes de la Unión Tepito. Según las versiones que circulan, la mujer, cuya identidad permanece reservada por seguridad, habría tomado esta decisión extrema tras sufrir meses de extorsión y cobro de “piso” que hacían insostenible su pequeño negocio.
Este evento ha polarizado a la opinión pública en este inicio de 2026, entre quienes la ven como una “heroína” que se defendió de la delincuencia y quienes señalan que la violencia no es el camino para resolver la crisis de inseguridad que afecta a los comerciantes capitalinos.
La Fiscalía local ha iniciado un proceso en su contra por el delito de homicidio múltiple, lo que podría derivar en una sentencia de hasta 200 años de prisión de ser encontrada culpable. Las autoridades recalcan que, a pesar del contexto de victimización por extorsión, el sistema jurídico no permite la eliminación de presuntos delincuentes como medida de protección.
Mientras la defensa busca atenuar los cargos apelando al estado de necesidad y miedo fundado, colectivos de comerciantes han convocado a manifestaciones para exigir que se considere la falta de protección oficial ante el crimen organizado como el factor que detonó esta tragedia.
