Redacción
Las personas que simulen delitos y provoquen psicosis o pánico entre la población podrían enfrentar penas de hasta seis años de prisión y multas de 58 mil 650 pesos, de acuerdo con una iniciativa presentada en el Congreso del Estado por la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Delfina Pozos Vergara.
La propuesta contempla sanciones de dos a seis años de cárcel, además de multas que van de 23 mil 460 a 58 mil 650 pesos para quienes, de manera dolosa, generen la movilización innecesaria de corporaciones de seguridad pública, protección civil, procuración de justicia o servicios de emergencia.
Asimismo, los responsables estarían obligados a reparar el daño ocasionado, cubriendo los costos económicos extraordinarios derivados de operativos, despliegues institucionales o acciones de respuesta que hayan sido activadas por información falsa.
Durante la presentación de la iniciativa, la legisladora argumentó que este tipo de conductas representan actos irresponsables que desvían recursos públicos destinados a atender emergencias reales. Además, señaló que los falsos reportes generan psicosis social, pánico colectivo y afectan la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
La propuesta plantea adicionar el artículo 186 Nonies al Código Penal del Estado de Puebla, estableciendo agravantes que incrementarían las sanciones hasta en una mitad cuando:
- La conducta provoque alarma o pánico en la población.
- Se utilicen redes sociales, plataformas digitales, medios de comunicación o sistemas de difusión masiva para propagar la falsa amenaza.
- Se altere el orden social mediante la suspensión de actividades escolares, comerciales, gubernamentales o de servicios públicos.
- El operativo, evacuación o movilización derivado de la información falsa cause lesiones a personas o daños materiales.
Pozos Vergara enfatizó que la iniciativa no busca limitar la libertad de expresión ni desalentar las denuncias legítimas de la ciudadanía. Precisó que las sanciones estarían dirigidas únicamente contra quienes, con pleno conocimiento de la falsedad de los hechos reportados, busquen engañar deliberadamente a las autoridades.
Aunque la propuesta guarda similitudes con las sanciones ya existentes por el uso indebido de los números de emergencia, la legisladora consideró necesario fortalecer el marco legal para atender los efectos que generan las falsas amenazas y reportes en la sociedad.
Tras su presentación ante el Congreso de Puebla, la iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y eventual dictaminación.
