• 19 de enero de 2025

Proponen en Puebla castración química para violadores de niños

Esta iniciativa busca castigar a abusadores sexuales, y de ser aprobada el imputado recibiría hasta 12 años de cárcel y multa de 2 mil 500 días de salario mínimo.

PUEBLA, PUE. – El Congreso del Estado de Puebla planteó una reforma al Código Penal para aplicar la castración química contra personas que abusen sexualmente de menores de edad, así como cárcel y multa.

El diputado del PT, José Juan Espinosa Torres, presentó esta iniciativa con el objetivo de reducir la libido, actividad y deseo sexual de los presuntos abusadores sexuales y reformar al menos cinco artículos del Código Penal de la entidad para castigar la violencia sexual contra niñas y niños.

Igualmente, el imputado recibiría de siete a 12 años de cárcel y una multa de 800 a 2 mil 500 días de salario mínimo. Para el artículo 265, Espinosa Torres expuso que si la persona responsable es pariente de la víctima deberá ser sancionada con castración química, de cinco hasta 10 años de prisión y una multa de 8 mil 688 a 30 mil 408 pesos.

“La castración química surge como una posibilidad para el manejo de la pedofilia y la pederastia. Consiste en un tratamiento médico hormonal, aplicado para disminuir los niveles de testosterona, la libido y, por ende, la actividad sexual, y como resultado final, reducir las agresiones sexuales de alta incidencia en el mundo”, aseguró Espinosa Torres.

“Ya basta de tibieza para combatir conductas perversas que lastiman a las y los niños de nuestra entidad”, escribió el legislador del PT en Twitter. El tratamiento deberá ser administrado de forma permanente contra pedófilos y por la Secretaría de Salud del Estado de Puebla.

La petición fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su revisión. En su iniciativa, el diputado justifica que, en California, Estados Unidos; Polonia; Moldavia; y España la castración química se aplica a quien cometa una agresión sexual.

Organizaciones civiles como Amnistía Internacional consideran que la castración química no es la solución para disminuir los delitos sexuales, porque “imponerla por ley y sin consentimiento informado como medida punitiva es una pena cruel, inhumana y degradante”.

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