ERNESTO ALVAREZ 
La demanda fue iniciada bajo un “Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano”, toda vez que, de manera unilateral, la comuna izucarense, optó por aplicar algunas medidas sin que los demandantes estuvieran de acuerdo.
IZÚCAR DE MATAMOROS, PUE. – Tres denuncias por igual número de servidores públicos del ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, fueron interpuestas en el Tribunal Estatal Electoral de Puebla (TEEP) debido a que consideraron que hay omisiones en algunas acciones impulsadas por la Comuna.
Los regidores, Mayté Martínez Briseño, Rosa Elena Alfaro Martínez y Santiago Cabrera, de Salud, Ecología y Turismo, respectivamente son los denunciantes y la parte actora denunciada o demandada, es el ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, debido a que este último se declaró incompetente.
La demanda fue iniciada bajo un “Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano”, toda vez que, de manera unilateral, la Comuna izucarense, optó por aplicar algunas medidas sin que los demandantes estuvieran de acuerdo.
Con fecha 29 de abril de 2020, se efectuó una Sesión Extraordinaria de Cabildo, donde seis regidores, la síndico municipal y el presidente municipal votaron a favor de una iniciativa para disminuir los salarios cuyo porcentaje del veinticinco por ciento fuera asignado para atender necesidades de la pandemia del coronavirus.
Cinco regidores, expresaron su desacuerdo debido a que expusieron que no hubo claridad sobre el proyecto, pero, además, firmaron bajo protesta debido a que, en inicio en el mes de noviembre de 2019, se estableció primero una reducción del veinticinco por ciento.
Pero con el segundo descuento aprobado en el mes de abril de 2020, que también fue del mismo orden, suma cincuenta por ciento, que será destinado durante lo que dure la pandemia, pero los denunciantes indicaron que, si bien se opusieron debido a la falta de claridad, por eso, iniciaron sus respectivas denuncias.
Ante ello, sigue el proceso en el TEEP, donde piden, que se haga la investigación correspondiente, pero en base a cada juicio, sean emitidas las correspondientes sentencias o dictámenes para conocer con claridad la aplicación de los recursos económicos que serían para despensas, pero hay opacidad en su asignación.
