GERARDO SANCHEZ 
Acusan a este Ayuntamiento de malas prácticas utilizadas en el manejo de los recursos destinados a la obra pública social y a la atención de las necesidades más sentidas del pueblo.
IZÚCAR DE MATAMOROS, PUE. – Recientemente el denominado Consejo del Pueblo Izucarense, redundó el posicionamiento de algunos integrantes del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros en funciones, mismos que hicieron público a través de sus redes sociales y que hicieron alusiones personales y descalificaciones de algunos de los conforman a esta organización popular.
Mediante una rueda de prensa emitida a los medios de comunicación, diversos ciudadanos que pertenecen a este consejo, dieron a conocer los nombres de los funcionarios que han hecho calificativos despectivos, entre los que resaltan Benjamín Hernández Lima, Sergio Valero Orea, Zaydé Sánchez Venancio, María Eugenia Andrade Bernabé, Leticia Molina Salgado, Efraín Morales Lara, Irene Olea y Álvaro Aguirre Madero.
Mencionaron que el Consejo del Pueblo Izucarense es parte del esfuerzo organizativo popular y de izquierda, donde el trabajo asambleario basado en el análisis, la discusión y el debate, lo que permite la toma de acuerdos y decisiones de mayoría bajo un ambiente basado en valores y principios.
Informaron que no comparten el calificativo que le asignan en su posicionamiento al compañero Gilberto Maldonado al denominarlo como una “persona que se autodenomina representante del Consejo”, asegurando que la figura del representante no existe en esta organización. Indicaron que Gilberto Maldonado solo hizo precisiones que fueron centradas en una serie de documentos que fueron dirigidos al presidente electo (con licencia) y hoy secretario de educación, Melitón Lozano Pérez, como una determinación de carácter personal que le obliga abandonar compromisos de campaña en el 2018 para con el pueblo izucarense, privilegiando con esto intereses personales de carácter político-económico.
Una vez más reiteraron que, en los dos años de gobierno estando al frente del Ayuntamiento Municipal 2018 – 2021, su discurso de “transparencia, el combate a la corrupción y a austeridad republicana”, no corresponde a la forma en que han venido manejando de manera parcial la información relativa a los ingresos de diferentes fuentes y egresos aplicados principalmente en la obra pública.
También agregaron que está implicado en el encubrimiento a actos de presunta corrupción documentados, al estar duplicando supuestas actividades laborales, y con esto duplicando ingresos provenientes de la UTIM y del Ayuntamiento de Izúcar para algunos servidores públicos en cuestión; así mismo, el manejo faccioso de la cuenta pública 2019, manejada y cuadrada ésta de acuerdo a los intereses de algunas y algunos integrantes del Ayuntamiento.
Respecto a su “ejemplo” de honestidad que pretenden dar a los gobernados al argumentar que “no les mueve el dinero ni los privilegios, sino un genuino deseo de servir”, precisaron que, sus acciones de desprecio hacía humildes servidores públicos del Ayuntamiento, quienes, en su legítimo derecho de buscar mejoras para paliar las carencias económicas familiares se han atrevido a cometer el “gran delito” de solicitarles incrementos salariales justos y razonables así como el pago a adeudos vinculados a sus percepciones el saneamiento de las finanzas públicas.
Resaltaron los integrantes del Consejo del Pueblo a través de un comunicado, que, respecto al tema del SOSAPAMIM, este organismo considerado como la caja chica de los Ayuntamientos y que a 2 años de distancia los usuarios del mismo, no han sido informados de los resultados de auditorías transparentes, debido a que mantienen una secretaría extrema en cuanto a los ingresos y egresos que tendrían que estar siendo transparentados, que a decir del trato administrativo y excluyente hacía integrantes del comercio informal (semifijos, de temporada y ambulantes), a quienes han arrinconado y expuesto a condiciones que les condenan a renunciar a su trabajo lícito.
Manifestando que este trato, se debe a imposiciones centralizadas de parte de una élite formada por no más de 4 de los firmantes; Benjamín Hernández Lima, Irene Olea Torres, Sergio Valero Orea, y Zaydé Sánchez Venancio, dejando de lado el diálogo y voluntad política para la solución.
Destacó el Consejo del Pueblo, que cuando se asumen como un “gobierno de izquierda, emanado de múltiples procesos de lucha social, que trabajan para un cambio verdadero en Izúcar trabajando con el pueblo y para el pueblo, su mandar obedeciendo, ser solidarios y justos”, consideraron que esto no va más allá del discurso, ya que la trayectoria y sus acciones de algunos de ellos, desde la primera oportunidad que tuvieron de ser gobierno en el periodo 2002-2005 donde también dejaron mucho que desear. Ya que, en el transcurso de sus tres años de gobierno, se fue fraccionando y reduciendo por la renuncia al cargo de algunos, precisamente gracias a las malas prácticas utilizadas en el manejo de los recursos destinados a la obra pública social y a la atención de las necesidades más sentidas del pueblo.
“Que no se equivoquen, aún les queda no más de un año al frente de un Ayuntamiento, donde ya no solo el Consejo del Pueblo, sino otras y otros actores políticos estaremos conjuntamente apuntando con una mirada aguda y acuciosa para con sus acciones al frente del gobierno municipal, en especial a la referidas al manejo de recursos económicos y materiales, así como el trato humano y digno a las y los gobernados”, concluyeron.
