Redacción
El ejercicio del periodismo en México se ha convertido en una profesión de alto riesgo, posicionando al país como uno de los lugares más letales para los comunicadores. Un reciente informe del Observatorio sobre Periodistas Asesinados de la UNESCO revela una estadística alarmante: México concentra casi una quinta parte (17%) de los crímenes contra informadores registrados en todo el mundo desde 1993.
Con seis periodistas asesinados en lo que va de 2025, la cifra total de comunicadores mexicanos asesinados en los últimos 32 años asciende a 171. Esta escalofriante cifra solo es superada por Irak, con 204 casos en el mismo periodo, un país que ha atravesado conflictos bélicos prolongados, a diferencia de México, que no se encuentra oficialmente en guerra.
Los seis reporteros asesinados este año trabajaban para medios digitales locales, una tendencia que subraya la vulnerabilidad de los comunicadores en el ámbito digital. Pero más allá del alto índice de asesinatos, la impunidad sigue siendo un flagelo persistente. Según la UNESCO, un sombrío 74% de los expedientes permanecen abiertos o sin avances, mientras que apenas un 15% de los casos se consideran resueltos.
El Observatorio de la UNESCO también destaca que el 8.4% de los casos añadidos recientemente corresponden a asesinatos perpetrados a partir de 2022, lo que confirma que la violencia contra la prensa en el país no muestra signos de ceder. Esta realidad contradice cualquier narrativa de mejora en la seguridad de los periodistas.
La base de datos de la UNESCO, activa desde 1993 y con seguimiento judicial desde 2006, es un componente vital del Informe bienal del Director General sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad. Este informe es, a su vez, una pieza central del Plan de Acción de la ONU para la protección de comunicadores.
Al hacer públicos los nombres de las víctimas y los escasos progresos judiciales, la organización internacional busca mantener la presión sobre los Estados para que actúen. El mensaje es claro: mientras estos crímenes queden sin castigo, la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a estar informada seguirán gravemente amenazados.
