DANIEL ROMERO
*La familia ha enfrentado cambio de ministerios públicos, pérdida de los expedientes, algunos con inconsistencias o también ocultamiento de información solicitada, sumado al costo económico y moral.
Desde el mes de marzo de 2024, Alfredo Gil Rodríguez y su madre, de 87 años de edad, Esther Rodríguez Carreón, enfrentan tortuguismo en la Fiscalía de Investigación Regional de Acatlán de Osorio (FIRAO), donde se iniciaron las Carpetas de Investigación (CDI) por los mencionados delitos, sin que haya sido judicializadas, asunto que planteó recientemente en Palacio Nacional, en la ciudad de México.
Originarios de Rancho Tezoquipan, adscrito a la junta auxiliar de Progreso, municipio de Piaxtla, en la zona Mixteca, desde el año 2024, han enfrentado cambio de ministerios públicos, pérdida de los expedientes, algunos con inconsistencias o también ocultamiento de información solicitada, sumado al costo económico y moral.
LAS DENUNCIAS COMENZARON EN MARZO DEL 2024
En el mes de marzo de 2024, por amenazas de muerte se inició la CDI FGEP/CDI/RIR//ACATLAN-1/001466/2024, la segunda fue por intento de homicidio con arma de fuego y golpes dolosos bajo el número FGEP/CDI/FIM/FIM-VII /007308/2024, la tercera por Intento de feminicidio a mi madre Esther Rodríguez Carreón y Alfredo Gil Rodríguez con diferentes armas de fuego.
La cuarta CDI FGEP/CDI/FIM/FIM-VII/014561/2024, donde uno de los señalados es el expresidente auxiliar, Marcelo Octabio Guzmán Martínez por el delito de amenazas de muerte y la CDI FGEP/CDI/FIR/ACATLAN-1/001086/2024, donde los señalados son Plácido Moran Michaca y Marcelo Octavio Guzmán Martínez, por posible amenazas y despojo de documentos.
Alfredo Gil Rodríguez, mencionó que su madre, está en una etapa difícil de salud, a consecuencia de ser víctima de amenazas, de disparos hacia la fachada de la vivienda, de lo cual, el Ministerio público del fuero común, no quiso recibir la denuncia, pese a que había antecedente y que forma parte de las irregularidades acumuladas durante veinticuatro meses.
TODO UN CALVARIO POR “LENTITUD” DE LA FISCALÍA REGIONAL
Incluso, doña Esther recibió atención psicológica de manera particular debido a que oficialmente, no le fue proporcionada, sumado a que la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Piaxtla, que recibió la orden de FIRAO para que realizara rondines de vigilancia, como parte de las medidas de protección, se desatendió.
Durante dos años, el calvario que ha sufrido es de investigar por su propia cuenta la ubicación de dos de las CDIS que estaban como no localizadas, sumada al retardo en la integración, por parte del Ministerio público de Acatlán de Osorio, Mario Jiménez Díaz, algunas removidas e incluso, hasta ocultas, sin que hayan sido judicializadas.
EL CASO YA LLEGÓ A PALACIO NACIONAL
El 23 de marzo de 2026, acudió a Palacio Nacional donde presentó una serie de pruebas del retardo en cuanto a la investigación pero también aplicación de la justica por parte de los diferentes ministerios públicos qué, algunos conocían del caso pero algunos, lo retardaban o decían que no lo tenían en sus manos.
Gil Rodríguez, agregó que la jueza de Control de Casa de Justicia en Izúcar de Matamoros, es la abogada Kenia Salgado Covarrubias, durante la primera audiencia, el imputado no se presentó por que escribieron una dirección falsa pese a que en las Carpetas de Investigación quedó asentado correctamente.
CAMBIOS EN FISCALÍA ATRASÓ EL CASO
El MP que estaba a cargo, Roberto Melchor Sánchez renuncia a su cargo, después es designado o asume la titularidad, Jorge Torres Aguilar que desconocía de la existencia de las CDIS, que no se presentó a la segunda audiencia, lo cual desconocía la jueza de control.
Hubo necesidad de acudir a diferentes instancias del estado de Puebla y federal, para que den la atención a mis denuncias, que no pueden quedarse ni archivadas ni olvidadas, ni debe haber retardo en la integración pero también judicialización, indicó Gil Rodríguez para que esto no quede impune.
Redacción
