Redacción
El ajuste tarifario estaría condicionado a la modernización de unidades y mejora del servicio
El Gobierno del Estado de Puebla inició el análisis para aplicar un posible incremento a las tarifas del transporte público durante este 2026, como parte de la tercera etapa del proceso de modernización del sector.
La secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, informó que esta nueva fase contempla tanto la entrega de nuevas concesiones como la revisión del costo actual del pasaje, el cual permanece sin cambios desde el año 2019.
La funcionaria señaló que uno de los principales factores que impulsan la discusión del ajuste tarifario es el incremento en el precio del diésel y los costos de operación que enfrentan los concesionarios. Además, destacó que Puebla mantiene una de las tarifas más bajas del país, actualmente fijada en 8.50 pesos.
Aunque todavía no se define el monto del posible incremento, el gobierno estatal adelantó que el tema será sometido a un análisis técnico y comparativo con otras entidades del país para determinar la viabilidad de una nueva tarifa.
Tanús Osorio dejó en claro que cualquier aumento estará sujeto a que los transportistas realicen inversiones reales en la renovación de unidades y mejoren las condiciones del servicio que se brinda a los usuarios.
Asimismo, reiteró que continuarán vigentes las tarifas preferenciales para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.
Buscan reorganizar rutas en la zona metropolitana
Como parte de esta estrategia, el gobierno estatal también anunció que serán otorgadas alrededor de 834 nuevas concesiones de transporte colectivo en la zona metropolitana de Puebla.
La comisión encargada del proceso será encabezada por el subsecretario Abraham Quiroz, quien coordinará la entrega de permisos a empresarios interesados en invertir en el sector.
La Secretaría de Movilidad detalló que esta reestructuración permitirá reorganizar el sistema actual de rutas y ramales, pasando de 95 rutas con 69 ramales a un esquema de 164 rutas completamente identificadas y digitalizadas.
Con ello, se pretende reducir conflictos entre concesionarios, evitar invasiones de derroteros y mejorar la movilidad urbana.
Actualmente, estados como Baja California manejan tarifas de hasta 20 pesos, mientras que Nuevo León cobra 17 pesos y el Estado de México 12 pesos. En contraste, Puebla mantiene uno de los costos más bajos a nivel nacional.
