*El líder de Morena, Pavel Gaspar, informó que la solicitud carece de sustento jurídico de la Fiscalía; la alcaldesa acusó chantaje económico del Cabildo
La petición de regidores y del síndico del municipio de Acatlán de Osorio para destituir a la alcaldesa Guadalupe Bárcenas es ilegal porque carece de un dictamen emitido por la Fiscalía o un juezque le dé sustento jurídico, confirmó el coordinador del grupo legislativo de Morena en el Congreso del Estado, Pavel Gaspar, quien explicó que personal del Poder Legislativo atendió a una comitivapara explicarle que su solicitud debe cumplir un procedimiento formal para ser atendida.
En entrevista, Pavel Gaspar informó que el Congreso local recibió a regidores y al síndico municipal con el propósito de orientarlos sobre los requisitos legales que deben cumplirse antes de que cualquier petición de remoción de una autoridad municipal pueda ser analizada por los diputados.
Pavel Gaspar detalló que es indispensable contar con un dictamen emitido por la fiscalía general del Estadoo por una autoridad jurisdiccional que sustente jurídicamente las acusaciones para que un Cabildo solicite de manera formal la separación o sustitución de un presidente municipal.
Precisó que el Congreso del Estado no cuenta con una solicitud formal por parte del Cabildo de Acatlán de Osorio para destituir a su alcaldesa e indicó que sólo atendió a una comitiva de representantesdel ayuntamiento para explicarles el procedimiento que establece la ley.
El coordinador de Morena recordó que existen antecedentes recientes, como el caso de Chignahuapan, donde primero se desarrolló un procedimiento legal, se emitieron dictámenes y el Cabildo votó la solicitud.
Subrayó que los diputados están obligados a actuar conforme a derecho y no pueden iniciar un procedimiento de remoción sin los elementos legales necesarios que acrediten posibles responsabilidades de la autoridad municipal.
En recientes declaraciones, la presidenta municipal Guadalupe Bárcenas sostuvo que la inconformidad manifestada por algunos regidores tiene un trasfondo político y económico, al señalar que parte del conflicto surgió por la exigencia de un incremento salarial de 20 mil pesosquincenales para los integrantes del Cabildo.










