Redacción
Las falsas amenazas de tiroteos en escuelas difundidas a través de redes sociales o aplicaciones digitales podrían ser castigadas con hasta nueve años de prisión en Puebla, de aprobarse una iniciativa presentada en el Congreso del Estado.
La propuesta fue impulsada por la diputada Azucena Rosas Tapia, del grupo parlamentario de Morena, quien planteó reformar el artículo 165 del Código Penal del Estado con el objetivo de establecer sanciones específicas para quienes generen pánico en la comunidad escolar mediante amenazas falsas.
Durante la presentación de la iniciativa, la legisladora señaló que este tipo de acciones no solo provocan la movilización de cuerpos de seguridad y servicios de emergencia, sino que también generan consecuencias materiales y afectaciones psicológicas entre estudiantes, docentes y personal educativo.
Como parte de la exposición de motivos, Rosas Tapia citó datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024, la cual indica que el 83.1 por ciento de la población de seis años y más utiliza internet. Además, destacó que el 95.1 por ciento de los adolescentes de entre 12 y 17 años y el 97 por ciento de las personas de 18 a 24 años son usuarios de la red.
Asimismo, subrayó que el 97.2 por ciento de los usuarios se conecta mediante teléfonos inteligentes y que el 16.5 por ciento accede a internet desde centros escolares, lo que, afirmó, evidencia la estrecha relación entre el entorno digital y los espacios educativos.
Actualmente, el artículo 165 del Código Penal de Puebla contempla penas de dos a doce años de prisión para quienes difundan noticias falsas que provoquen alarma o terror en la población. Sin embargo, la reforma busca incorporar un apartado específico para sancionar las amenazas falsas dirigidas contra instituciones educativas, su personal o el alumnado, cuando sean realizadas mediante medios digitales, independientemente de que exista o no una motivación política.
De ser aprobada, la iniciativa establecería penas de dos a seis años de prisión, además de multas de entre 100 y 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Las sanciones podrían incrementarse hasta en una mitad —alcanzando una pena máxima de nueve años de cárcel— cuando la amenaza provoque la suspensión parcial o total de clases, origine la movilización de corporaciones de seguridad, Protección Civil o cuerpos de emergencia, o genere una afectación psicológica comprobada en la comunidad escolar mediante un dictamen pericial.
La propuesta también contempla que, cuando la conducta sea cometida por una persona adolescente, el procedimiento se lleve conforme a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, privilegiando mecanismos de justicia restaurativa.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado, donde será analizada antes de que pueda ser sometida a votación en el Pleno.
