Redacción
Tras acreditar su responsabilidad en el delito de secuestro agravado, tres hombres recibieron una condena de 50 años de prisión por hechos ocurridos en la capital poblana en agosto de 2019.
La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que obtuvo sentencia condenatoria en contra de Bernabé “N”, Miguel Ángel “N” y Eduardo Aarón “N”, luego de presentar las pruebas que demostraron su participación en la privación ilegal de la libertad de una persona, así como en la exigencia de dinero para su liberación.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron la noche del 10 de agosto de 2019, alrededor de las 23:00 horas, cuando la víctima viajaba en compañía de familiares sobre Boulevard Forjadores, a la altura de la incorporación al Periférico Ecológico.
En ese punto, la unidad en la que se desplazaba fue interceptada por varios sujetos que viajaban en una camioneta. Los agresores obligaron a la víctima a descender de su vehículo y posteriormente la privaron de la libertad.
Tras el secuestro, los familiares comenzaron a recibir llamadas realizadas desde el teléfono de la propia víctima, mediante las cuales se exigía una cantidad de dinero a cambio de permitir su liberación.
La intervención de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión permitió implementar un operativo de pago controlado, acción con la que se logró detener a dos de los implicados y rescatar con vida a la persona secuestrada.
Luego del desarrollo del proceso penal, la autoridad judicial emitió un fallo condenatorio el 1 de julio de 2026, mientras que el 17 de julio se dictó la sentencia correspondiente, imponiendo a los tres responsables una pena de 50 años de prisión.
Además, los sentenciados deberán cubrir una multa de 337 mil 960 pesos, así como el pago de 42 mil 245 pesos por concepto de reparación del daño moral.
Las autoridades precisaron que quedaron a salvo los derechos de la víctima para reclamar la reparación del daño material durante la etapa de ejecución de sentencia. Asimismo, se ordenó la suspensión de los derechos civiles y políticos de los condenados.
DANIEL ROMERO
