Redacción
*La resolución responde a una demanda de acción colectiva que los detenidos de Adelanto presentaron en enero pasado ante una Corte federal de California.
CDMX. – Una juez federal estadounidense ordenó hace unos días al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y a GEO Group, la empresa privada que opera el Centro de Procesamiento de Adelanto, California –donde han muerto cuatro mexicanos–, corregir de inmediato las condiciones del lugar.
Lo anterior, al determinar que es probable que la falta de agua potable, alimentación suficiente y atención médica adecuada para los detenidos ahí viole la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe el trato inhumano bajo custodia.
Sin embargo, el Departamento de Estado devolvió al gobierno de México la carta con la que exigía a esa misma empresa corregir esas mismas condiciones; es decir, lo que Washington rechazó por la vía diplomática, la justicia estadounidense ya había ordenado un día antes.
La resolución responde a una demanda de acción colectiva que los detenidos de Adelanto presentaron en enero pasado ante una Corte federal de California, con representación de la organización legal Public Counsel.
La demanda se originó tras las muertes de Ismael Ayala Uribe y Gabriel García Avilés, ocurridas con semanas de diferencia el otoño pasado, y alegó falta de agua limpia, comida insuficiente, insalubridad y fallas para detectar problemas de salud desde el ingreso de los detenidos.
La juez de distrito Sunshine S. Sykes determinó que los demandantes “han demostrado que es probable que prevalezcan” en esos reclamos, y emitió una medida cautelar mientras el juicio de fondo continúa, de acuerdo con medios estadounidenses.
La medida cautelar exige agua potable las 24 horas, comidas con suficientes calorías, productos de higiene gratuitos, limpieza diaria y eliminación de moho, cobijas y ropa adecuada al clima, y al menos cuatro horas diarias de patio. También restringe el uso de aislamiento y ordena dos pases de lista diarios para verificar que los detenidos sigan con vida.
Asimismo, el gobierno tiene 14 días para presentar un plan de atención médica, y dos monitores independientes vigilarán el cumplimiento.
El Departamento de Seguridad Nacional se negó a comentar la resolución; su abogado había argumentado en la Corte que el gobierno no puede ser responsable de las acciones de GEO Group, su contratista, y que no debería “tener que asumir el manejo diario de un contrato federal” ajeno.
