GERARDO SANCHEZ
*De acuerdo con lo expuesto en conferencia de prensa, las aprehensiones se llevaron a cabo entre el 10 y el 13 de julio de 2026.
PUEBLA, PUE. — En una acción coordinada tras investigaciones derivadas de denuncias anónimas y labores de inteligencia, la Fiscal General del Estado de Puebla, Idamis Pastor Batancurt, informó que la dependencia formuló imputación en contra de seis mandos policiales que se desempeñaban como directores de Seguridad Pública municipal en distintas demarcaciones de la entidad.
De acuerdo con lo expuesto en conferencia de prensa, las aprehensiones se llevaron a cabo entre el 10 y el 13 de julio de 2026. A los detenidos se les imputa la probable comisión de los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, al presuntamente omitir sus obligaciones e influir en la continuidad de actividades delictivas vinculadas a la protección de laboratorios clandestinos de drogas sintéticas.
Mandos y municipios involucrados
Los imputados y las demarcaciones donde ejercían labores de seguridad pública son:
Manuel N. – Exdirector de Seguridad Pública del municipio de Jopala.
Ángel N. – Exdirector de Seguridad Pública del municipio de Tlaola.
Evencio N. – Exdirector de Seguridad Pública del municipio de Tlapacoya.
David N. – Exdirector de Seguridad Pública del municipio de Chietla.
Gonzalo N. – Exdirector de Seguridad Pública del municipio de Tehuitzingo.
José Santiago N. – Exdirector de Seguridad Pública del municipio de Chila de la Sal.
AVANCE EN LAS INVESTIGACIONES
Las carpetas de investigación se sustentan en un conjunto de elementos probatorios que incluyen entrevistas a testigos, informes de investigación, inspecciones ministeriales y análisis de información compartida con la Fiscalía General de la República (FGR).
Asimismo, las autoridades integraron a la causa evidencias sobre el aseguramiento de laboratorios destinados a la elaboración de sustancias ilícitas sintéticas, localizados en los municipios de Chila de la Sal y Jopala.
La Fiscalía General del Estado mantendrá el seguimiento del proceso legal para determinar la situación jurídica de cada uno de los imputados conforme a lo establecido en la ley.
Redacción
