MÍRIAM VIVAR
Las restricciones de movilidad en Estados Unidos han causado afectaciones particularmente serias en sectores como la agricultura, los restaurantes, el hotelería y el turismo en general.
IZUCAR DE MATAMOROS, PUE. – En condiciones de gran vulnerabilidad frente al covid-19 se encuentran migrantes que hacen funcionar la industria de producción agrícola, el comercio, la pesca, la manufactura y otras actividades en Estados Unidos, pues la pandemia obligó al cierre de múltiples negocios y a la cancelación adelantada de sus contratos temporales lo cual ha repercutido gravemente en su economía y en la de las familias en México.
Tras participar en el Foro Impactos del Covid en la Migración Laboral y Reclutamiento, así lo advirtieron los participantes quienes señalaron que los trabajadores migrantes en aquel país son esenciales. Tan solo en el estado de Washington echan a andar una industria alimentaria que genera 9 mil millones de dólares al año.
Claudia León y María Canchola, dos de las autoras de un informe elaborado sobre el tema por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), explicaron que las restricciones de movilidad en Estados Unidos han causado afectaciones particularmente serias en sectores como la agricultura, los restaurantes, el hotelería y el turismo en general, además, en los que trabajadores que laboran por su cuenta y se encuentran en la informalidad.
Lo anterior ha provocado que los empleados que se desempeñan en esas actividades no encuentren trabajo a largo plazo, no generan ahorros para subsistir, no pueden pagar las deudas que adquirieron para migrar y no pueden enviar remesas a sus familias. Por la reducción de las actividades económicas en ranchos y sembradíos, añadieron las especialistas, muchas personas migrantes ven reducidas sus jornadas de trabajo y sus ingresos, lo cual lleva a muchos a regresar a su país de origen, pero sin la posibilidad de seguir protocolos sanitarios contra el covid 19.
Por ello, recomendaron a gobiernos y compañías invertir en la protección de los trabajadores, incluir sus opiniones en el diseño de políticas públicas y monitorear la posible comisión de prácticas fraudulentas y abusivas.
GERARDO SANCHEZ
Redacción
