Redacción
A raíz del asesinato del comunicador Josué Martínez en el municipio de San Martín Texmelucan, en el Congreso del Estado fue presentada una iniciativa de reforma para fortalecer la atención y prevención de amenazas contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Puebla.
Durante la sesión de la Comisión Permanente, la diputada Delfina Pozos Vergara propuso modificar la Ley de Seguridad Pública del Estado mediante la incorporación del capítulo denominado «De la Prevención y Atención de Riesgos para Personas Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos».
La iniciativa plantea que el Sistema Estatal de Seguridad Pública implemente canales de denuncia gratuitos, confidenciales y de atención inmediata para que periodistas y defensores de derechos humanos puedan reportar amenazas, agresiones o situaciones de riesgo.
Asimismo, contempla la elaboración y actualización de mapas de riesgo por zonas, con el objetivo de identificar los municipios o regiones donde exista mayor incidencia de agresiones contra este sector.
El proyecto también establece una coordinación permanente entre las autoridades estatales y el Mecanismo Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Gobernación y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, para fortalecer las acciones de protección.
En cuanto a la actuación policial, la reforma busca que elementos estatales y municipales activen protocolos especializados cuando se registren amenazas o agresiones contra periodistas, preserven la escena de los hechos, eviten prácticas de revictimización y actúen con perspectiva de género y atención diferenciada, de acuerdo con las condiciones de vulnerabilidad de cada víctima.
Además, se plantea que el personal policial reciba capacitación obligatoria y permanente en materia de derechos humanos, libertad de expresión y análisis de riesgos.
Como parte de la propuesta, también se prevé la creación de un Programa Estatal de Prevención y Atención, que incluya diagnósticos periódicos sobre los riesgos que enfrentan periodistas y defensores de derechos humanos, protocolos homologados entre instituciones, estrategias preventivas para municipios con mayor incidencia de agresiones e indicadores que permitan evaluar la efectividad de las medidas implementadas.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, donde será analizada y, en su caso, dictaminada para su posible aprobación.
GERARDO SANCHEZ
